El aumento de flotas extranjeras en el alta mar del océano pacífico, la voracidad de la pesca sin control y la falta de normas internacionales tangibles; han puesto en peligro la sustentabilidad y sostenibilidad del jurel chileno. Principal fuente de trabajo de miles de personas en el sur del país ribereño. Las iniciativas de los gobiernos de Chile, a través del decreto 123, no han sido suficientes para regular su pesca; la colaboración internacional resulta indispensable.

Una parte significativa de la pesca chilena está estrechamente ligada a esta especie pelágica. Según datos de la  Subsecretaría de Pesca de Chile; en 2007 generó ventas de conservas, congelados, harina, aceite y frescos refrigerados por 505,5 millones de dólares. Son 11.500 puestos de trabajo directo en flota y plantas; y más de 45 mil indirectos que podrían ser afectados.

El jurel es un pez transzonal,  donde  los límites de 200 millas marinas que conforman la Zona  Económica Exclusiva (ZEE), dejan de ser, en su caso;  una norma vinculante  para su pesca.

Mientras en la Comisión de Comunidades Europeas promueve el “Libro Verde” para una pesca sostenible, la flota de alta mar del viejo continente aumenta considerablemente frente a la costa chilena y lideran la captura sin norma del jurel.

Prueba de ello es que entre 2003 y 2007 el número de barcos extranjeros aumentó de 7 a 34, registrando la mayor alza entre 2007 y 2008. Mientras el volumen de captura de esa flota se incrementó de 97.018 a 402.708 toneladas en el mismo periodo, según lo expresa la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante de Chile.

Esta misma institución específica que de esas 34 naves pesqueras, 8 izaban bandera de países de la UE, 20 de ellos pertenecían a armadores del viejo continente y 9 navegaban con banderas de conveniencia.

Pesca de Jurel en el Pacífico Sur, Datos de la FAO
Además, en esta competencia desleal el único país que ha disminuido la captura del jurel ha sido Chile, de un 70,7% entre 1995 y el 2008. Lo que ha causado mermas por 200 millones de dólares a las pesqueras chilenas, como lo explica un estudio de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes).

Decreto 123

Las medidas adoptadas por Chile para salvaguardar la industria pesquera se traducen en el decreto 123, una herramienta jurídica promulgada en el 2004 para proteger el jurel chileno. Contiene un artículo único en que intenta regular las faenas logísticas, reabastecimiento; y reparaciones de los terminales navieros del país por naves pesqueras de bandera pesquera extranjera que pescan en alta mar. Es decir, normas que se ocupan para negociar por la sustentabilidad del recurso pesquero.

A su vez,  Chile es pionera desde el 2006 por el afianzamiento de una Organización Regional de Pesca (ORP) del Pacífico Sur, pero las negociaciones para su construcción han sido  infructuosas.

Entre el próximo 6 y 10 octubre se reúnen en Australia, en un sexto encuentro, países de esta zona geográfica interesados en participar en esta alianza. No obstante, el gobierno chileno ha advertido el pasado 25 de septiembre que si las negociaciones son insatisfactorias, aplicaría en todo su rigor el decreto 123.

Chile, un país altamente costero, se encuentra desarmado frente a la codicia de las capturas fuera de las 200 millas. Por ello, son necesarios acuerdos internacionales que apoyen la sostenibilidad de las especies marítimas. En qué primero exista un control de esfuerzo unificado, donde se limite en conjunto la cantidad de flotas marítimas. Que se establezca una cuota global, conocido también como Total Admisible de Captura (TAC).

También, que se acabe con la denominada carrera olímpica, injusto para las embarcaciones de menor envergadura y abastecimiento. Además, es necesario que se termine con los Barcos Factory, buques extranjeros que en sus respectivos países no pueden operar, pero si lo hacen frente a las costas chilenas.

En resumen Chile solicita que se cumpla con un apartado de la página 25 del Libro Verde: “Fuera de Europa, la UE continúa desarrollando su labor de promoción en todo el mundo de la buena gobernanza marítima y la pesca responsable. En los acuerdos con terceros países se da ahora mayor prioridad a potenciar la contribución de nuestro continente al desarrollo del sector pesquero local, a la inversión y a la buena gobernanza marítima”.